Inocencio III y Jiménez de Rada; los duros flecos de la cruzada hispánica

ROMA, 10 diciembre 1210. Alfonso VIII ha decidido no renovar las treguas que mantenía con los almohades desde 1196-1197 y ha enviado a Roma a su canciller, el arzobispo de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada, a solicitar del papa los privilegios de cruzada para una campaña contra los almohades. Para el rey castellano ha llegado el momento de retomar la Guerra Santa contra el Islam, pero esta vez sin cometer los errores que le llevaron a la terrible derrota de Alarcos (1195), cuando excesivamente confiado decidió enfrentarse en solitario al ejército de Yaqub Al-Mansur, sin esperar a las tropas leonesas y navarras que habían asegurado su participación.

En esta ocasión, el rey quiere garantizarse el máximo apoyo y la máxima participación de efectivos, y para ello la herramienta perfecta es la cruzada, la declaración papal de indulgencia plena a todo aquél no solo que participe en la lucha contra los enemigos de Dios, sino también a quién apoye la misma con el envío de hombres o dinero. Pero las cruzadas solo las puede convocar el papa, y en Roma hace tiempo que este tipo de privilegios, que son muy útiles y muy demandados por la Cristiandad, vienen siendo utilizados para aumentar el poder del papado. Por eso entran de lleno en la vieja y soterrada lucha que Roma mantiene con la iglesia de Hispania donde lleva todo el siglo XII presionando para la implantación plena de la Reforma Gregoriana (1075), sobre todo en lo que a la elección de obispos se refiere, y a la que se ha unido la preocupación por la desunión de los reinos hispanos y su escandalosa disponibilidad a pactar con los almohades en sus guerras intra-cristianas, motivo principal que ha hecho dudar a los sucesivos papas sobre la idoneidad del momento para proclamar una cruzada.

De hecho, esta acusación papal, la tendencia a las guerras entre cristianos y a la alianza con el enemigo común, deberá enfrentarse a la principal acusación castellana contra Roma; el espinoso y más delicado asunto de la estrategia pontificia de favorecer al resto de reinos peninsulares para frenar la preeminencia de Castilla en la región. Una estrategia que, en opinión de la cancillería castellana, se ha agudizado en el escenario post-Venecia (tras la Paz de Venecia, 1177), que con Alejandro III dio un impulso significativo al poder de Roma sobre el imperio y toda la Cristiandad. Desde Burgos reprochan que la Sede Católica está utilizando su poder para mantener en Hispania un puñado de reinos débiles y frenar la expansión del más fuerte de ellos, el castellano, con el objetivo de tener más ascendencia sobre la península. En este sentido son interpretadas las anulaciones de los matrimonios entre Fernando de León y Urraca de Portugal (que acercaban la re-unión entre ambos territorios) y especialmente la de Berenguela de Castilla con Alfonso IX de León, la que más claramente puso de manifiesto las diferencias entre la iglesia castellana y la Santa Sede, pues tardó cuatro años en llevarse a cabo, cuando el matrimonio ya tenía cuatro hijos, dada la resistencia de aquella a deshacer una unión que traía, precisamente, la unión y el beneficio a los dos reinos implicados. Además, tampoco se han visto con muy buenos ojos la infeudación del reino de Aragón ante la Santa Sede, ni las decisiones de Roma de conceder el tratamiento real a los reyes de Navarra y de Portugal precisamente ahora cuando, a pesar de que fueron proclamaron como tales en 1134 y 1147 respectivamente, solo eran tratados como duques por el papa, quien les había negado el reconocimiento real por considerarlos (como fueron) dos segregaciones de reinos cristianos previos, Aragón y León.

Y sobre todas la que más preocupa e interesa al arzobispo de Toledo; la primacía de la sede toledana sobre las demás sedes hispanas, concretamente frente a Tarragona, Braga y Santiago de Compostela. Su arzobispo Rodrigo Jiménez de Prada lleva años efectuando esta reclamación que Roma se niega a aceptar porque, efectivamente, ello supondría el reconocimiento de una supremacía castellana que todavía no está dispuesta a oficializar.

Pero también hay muchos factores que reman a favor del buen fin de las negociaciones y que no son nadas desdeñables: Jerusalén lleva 13 años en manos de los musulmanes y la situación de guerra en el Sacro Imperio mantiene en punto muerto las operaciones de Ultramar, a lo que hay que añadir las constantes peticiones de cruzada que le llegan desde toda la península, no solo de Castilla, siendo Pedro II de Aragón el principal demandante, a las que se ha unido la fervorosa petición del infante Fernando, hijo de Alfonso VIII y heredero al trono de Castilla. Y todo ellos sin olvidar que la no renovación de las treguas ha activado la movilización del ejército almohade en África, el cual también se prepara para una acción en Al-Ándalus.

Los factores a favor de la cruzada han acabado imponiéndose sobre las diferencias entre Toledo y Roma, cuando este 10 de diciembre Inocencio III ha garantizado la indulgencia plena a todos los que apoyen a Alfonso VIII en sus campañas, unos beneficios equiparables semajantes a los ofrecidos en las cruzadas, y que será perfeccionado a primeros de 1212 cuando en febrero proclame efectivamente la cruzada hispánica contra los almohades. Aunque eso sí, en el tema del dinero serán los cruzados los que deben sufragar los costes, pues el papa retiene para sí la parte recaudada para una próxima cruzada que tiene en mente y que deberá llevar a la definitiva recuperación de Jerusalén.

Inocencio III (49) y Jiménez de Prada (48) fueron dos grandes políticos de inicios del siglo XIII que consiguieron importantes avances para sus monarquías. Ambos estudiaron en las universidades de Bolonia y París, en las que probablemente coincidieron, y se mostraron como grandes hombres de estado que interpretaron perfectamente la ascendencia de las nacientes monarquías "nacionales" sobre la rígida estructura feudal por entonces dominante. Inocencio III gestionará con éxito, y con la ayuda de Francia, el cisma imperial que está teniendo lugar en estos momentos y elevará las cuotas de poder del papado en el IV Concilio de Letrán, celebrado poco antes de su muerte (1215), mientras que Rodrigo Jiménez de Prada será un político fundamental en la consolidación y expansión del reino de Castilla, tanto para Alfonso VIII como para su nieto y heredero Fernando a partir de 1217, el futuro Fernando III El Santo.